El GOB denunció ayer que el ayuntamiento de Alcúdia acepta ahora la posibilidad de que el puerto deportivo de Alcudiamar pueda legalizar el uso hotelero en sus instalaciones después de que la alcaldesa Bàrbara Rebassa haya encargado un informe «a la carta» que se pronuncia a favor de la concesión de la licencia de legalización de las obras de ampliación del botel ejecutadas por el puerto deportivo ubicado en el Moll alcudienc.
El nuevo escenario se abre después de que en septiembre del pasado año el propio Ayuntamiento denegase la licencia de legalización de las obras amparándose en un informe jurídico de los técnicos municipales que concluía que la actividad hotelera no está autorizada en las instalaciones de Alcudiamar.
Ante esta situación, el puerto deportivo presentó un recurso que ahora el Ayuntamiento ha estimado en parte porque, a pesar de los dictámenes desfavorables de los técnicos y el secretario municipal, la institución local solicitó un informe externo «a la carta» que se ha pronunciado a favor de la legalización. En este sentido, el GOB critica que el informe encargado por Rebassa al abogado José Argüelles «ignora» el criterio de los técnicos municipales, a quienes «desautoriza», y añade que la actuación municipal «supone el reconocimiento del uso hotelero sobre el puerto deportivo».
El GOB recuerda que el llamado ‘poblado marinero’ de Alcudiamar «está destinado solo al alojamiento de tripulantes y navegantes que amarran en el puerto». Según el grupo ecologista, la resolución de la alcaldesa «ampara una ampliación del botel en unos 400 metros cuadrados sin la preceptiva licencia».
Además, señala que el reconocimiento del uso hotelero «podría abrir la puerta a regularizar la ampliación ilegal del botel al amparo de la disposición adicional cuarta de la Ley Turística de 2012».
La alcaldesa Rebassa confirmó ayer la existencia del informe firmado por el citado abogado y justificó su necesidad en las «contradicciones» en las que incurren otros dictámenes sobre esta misma cuestión, entre ellos los elaborados por los técnicos municipales que abogaban por denegar la legalización. «El Ayuntamiento no ha cambiado de criterio; había una serie de informes dispares y por este motivo se solicitó un dictamen externo», incidió.
Rebassa añadió que esta cuestión «se arrastra desde hace más de veinte años» y que el Ayuntamiento «no puede cerrar una actividad después de tantos años si no lo ordena un juez». El Consistorio ha querido cubrirse las espaldas desde el punto de vista jurídico «por si el caso termina en los tribunales». «Si el Ayuntamiento no tiene razón las consecuencias podrían ser muy graves», señaló la regidora.
