El pleno del Ayuntamiento de Deià adoptó este jueves una decisión insólita de gastarse todo el superávit que el consistorio ha acumulado en los últimos años y contraviniendo la normativa vigente el municipio se hará con la propiedad del emblemático casal de Can Vallès. La decisión de invertir casi 2,1 millones de euros en tres actuaciones es la consecuencia más plausible del acuerdo que ha alcanzado esta semana la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno de Pedro Sánchez con el que los ayuntamientos podrán ceder voluntariamente los remanentes a modo de crédito a la administración central.
El acuerdo se enmarca en la crisis económica generada con el coronavirus que ha suscitado el desacuerdo de numerosas formaciones políticas, como la Agrupació Deià y El Pi, los dos partidos que tienen representación en el consistorio.
La resolución adoptada en el plenario contempla realizar una modificación del presupuesto de 2020 para incorporar los remanentes de tesorería que suben a casi 2,1 millones de euros. Los recursos se destinarán a sufragar el servicio de vigilantes de las zonas azules de ORA con 8.000 euros, ayudas a empresas por importe de 42.000 euros y, la partida más importante, dos millones de euros a la adquisición del palacete situado en el calle del Porxo. El acuerdo para la realización de todas estas inversiones cuenta con el apoyo de los dos partidos representados en el consistorio.
La decisión de realizar estas inversiones con el superávit puede conllevar consecuencias tanto para el ayuntamiento como al alcalde, ya que contraviene lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la denominada Ley Montoro.
El alcalde de Deià, Lluís Apesteguia (AD), reconoció que la medida se enmarca en un acto de "insubordinación" fruto del acuerdo alcanzado estos días entre la FEMP y el Gobierno central. El alcalde aseguró que acepta "todas las consecuencias que implique esta decisión". Entre ellas, que el ayuntamiento pueda obligado a aplicar a partir del próximo año un plan económico-financiero, ya que en el momento de materializarse las inversiones las arcas municipales sobrepasarán la regla de gasto que fija la ley.
Aparte de las consecuencias de tipo económico que puede suponer para el consistorio, la utilización del superávit podría conllevar otras medidas legales contra la persona del alcalde, consciente de que su decisión va en contra de la ley.
