La hostelería y otros colectivos vinculados al comercio, la restauración y el servicio de bares han estallado esta semana contra las nuevas restricciones del Govern en su esfuerzo por aplacar la pandemia del coronavirus. El pasado martes unas cuatro mil personas irrumpieron ante las instituciones, en una manifestación desautorizada expresamente por Delegación del Gobierno, para expresar su malestar por el cierre de establecimientos y exigir ayudas directas. Fue la explosión de la tensión acumulada por no haber sabido prevenir el malestar y el impacto de unas medidas, necesarias desde el punto de vista sanitario, pero que en su anuncio cayeron en el error de no ser acompañadas por ayudas financieras y exenciones fiscales capaces de amortiguar el impacto del nuevo cierre.

Solo después, el viernes, tras la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Reactivación de Balears, el Govern, con implicación del Consell y ayuntamientos, comprometió un nuevo plan de choque con 103,5 millones procedente de fondos europeos, pensado, básicamente, para dotar de liquidez a autónomos y pymes.

Con la protesta del martes y las reacciones del Ejecutivo autonómico y la representante de la Administración del Estado, queda patente que no se ha sabido detectar la gravedad y verdadera dimensión del conflicto social latente. La delegada del Gobierno prohibió la manifestación en base a prevenciones sanitarias, pero no bastaba con eso, cabían mayores explicaciones de comprensión y una canalización conveniente de la queja. No la hubo y por eso todo explotó en la calle y hasta fue aprovechado por grupos, digamos un tanto pintorescos y ajenos a la causa, empeñados en sumarse a cualquier maniobra de desgaste del Govern.

La misma delegada del Gobierno, Aina Calvo, también ha desenfocado la justificación de su comportamiento al atribuir a la manifestación un efecto violento superior al que en realidad tuvo. No le ha quedado más remedio que admitir, al igual que ha acabado haciendo el Govern de Francina Armengol, la incapacidad por sintonizar con el creciente malestar y prever el verdadero carácter y dimensión de la manifestación que se estaba fraguando y que acabó saltando a la calle, aunque fuera sin autorización y al margen de las normas sanitarias establecidas.

Ha faltado información, diálogo y empatía, por eso ha calado el sentimiento de desamparo entre los empresarios y los trabajadores de la hostelería, porque los ERTE no son el todo y porque al tiempo que se avanza en la lenta vacunación –Balears paga hasta en eso el agravio de la incomprensión y de la insularidad no reconocida– es necesario prescindir de la improvisación en las ayudas a quienes se ven más afectados por la pandemia y sus severas restricciones.

De no ser así seguirá persistiendo el divorcio entre la clase productiva y la clase política. El Govern debe permanecer atento y receptivo a la calle que ahora le ha llamado la atención y, si es necesario, exigir mayor implicación y compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Hay que frenar la desafección de la política, pero los empresarios en su necesidad y legítimo derecho a la ayuda, en este momento de debilidad, tampoco pueden desviar la brújula y perder de vista que una Administración fuerte necesita proveerse de impuestos y tributos. Conviene recordarlo en previsión de tiempos mejores.