Son como los buitres de la pandemia: esos bufetes de abogados que preparan las demandas de poderosas empresas contra las medidas adoptadas por los Estados en su intento de paliar los efectos de la covid-19.
En el centro de las demandas están los acuerdos internacionales sobre solución de disputas, que permiten a los inversores demandar a un Estado por acciones gubernamentales puedan afectar a sus perspectivas de negocio, a la rentabilidad de sus inversiones.
En sus páginas web o en sus publicaciones, poderosos bufetes de abogados animan a los inversores a demandar a los Estados por medidas como las restricciones de movimiento de las personas o los obstáculos a la actividad empresarial. «Para las empresas con inversiones en el extranjero, los acuerdos en materia de inversiones pueden ser un eficaz instrumento para compensar o evitar las medidas (de los Gobiernos) en relación con la covid-19», escribe uno de esos bufetes.
Éstos recuerdan a sus clientes que las más de mil demandas presentadas en todo el mundo por los inversores contra los Estados, por ejemplo, a raíz de la crisis financiera argentina de comienzos de la pasada década, tuvieron finalmente éxito.
Los tribunales de arbitraje o bien fallaron a favor de los demandantes o se llegó a un acuerdo beneficioso en cualquier caso para estos últimos, escriben, por ejemplo, Cecilia Olivert y Bettina Müller en un artículo titulado Haciendo (juegos) malabares: América Latina, entre la crisis de la pandemia y el arbitraje de inversiones. Según las autoras, América Latina y el Caribe sufren desde hace décadas las nefastas consecuencias de haber firmado más de 470 tratados de comercio y protección de inversiones que han derivado en cerca de 300 demandas de inversores extranjeros contra Estados de la región ante tribunales de arbitraje internacional.
No en vano uno de los más importantes bufetes de abogados, Simmons and Simmons, explica que «los tratados de protección de inversiones ya no se consideran remedios de último recurso, sino importantes herramientas en el arsenal de los inversores».
La paleta de medidas protectoras adoptadas por los Estados y que podrían estar en el centro de las demandas de las empresas es muy amplia. Se podría demandar a los Gobiernos de Argentina, El Salvador, Bolivia, entre otros, por mantener el suministro de agua a los hogares por razones higiénicas aunque las familias no puedan pagar el correspondiente recibo.
Fondos buitres radicados en el extranjero pueden asimismo demandar a un Estado por proteger, por ejemplo, a los inquilinos frente a posibles desahucios aun en el caso de morosidad por desempleo o a consecuencia de alguna enfermedad que impida acudir al trabajo.
También la fijación de topes de precios para determinados medicamentos o la flexibilización del sistema de patentes en beneficio de un genérico podrían ser objeto de disputa ante un tribunal internacional de arbitraje, explica la politóloga Pia Eberhardt, del Observatorio de la Europa Corporativa (1).
Ese tipo de demandas, señala Eberhardt, pueden constituir una enorme carga para los presupuestos de los países en desarrollo: simplemente los gastos de defensa pueden superar los cinco millones de dólares.
Hasta finales del año 2018, Estados de todo el mundo fueron condenados al pago de indemnizaciones por un total de 88.000 millones de dólares, lo que equivale a dieciocho veces el presupuesto anual de la Organización Mundial de la Salud. Si esas demandas pueden resultar tan enormemente costosas para un país es porque el derecho de inversiones protege no sólo a las ya realizadas, sino que incluye también compensaciones por ganancias previstas aunque frustradas por las medidas que pueda adoptar un determinado Gobierno para proteger a sus ciudadanos.
De ahí que más de seiscientas organizaciones representativas de la sociedad civil de cerca de un centenar de países hayan escrito una carta abierta en la que exigen a los Gobiernos que limiten o incluso eliminen esa jurisdicción paralela que sólo beneficia a los inversores. Entre los signatarios figuran federaciones sindicales , organizaciones de defensa del medio ambiente de los derechos humanos como Greenpeaces, Oxfam o Médicos sin Fronteras.
Todos ellos exigen, entre otras cosas, que se excluyan de esa jurisdicción especial las medidas que puedan adoptar los Gobiernos en su lucha contra la pandemia, se prohíba la firma de nuevos acuerdos de ese tipo y se suspendan incluso los ya existentes.
A su vez, la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo aboga en su último informe por que se aplique una moratoria a ese tipo de acuerdos que permita a los Gobiernos adoptar las medidas que consideren convenientes frente a la covid-19.
(1) Artículo publicado en Deutsche Blätter fúr deutsche und internationale Politik
