Suscríbete 1,5 €/mes

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

JOrge Dezcallar

La democracia exige una Justicia independiente

Desde Montesquieu se sabe que la división de poderes es esencial al sistema democrático, que es mucho más que votar cada cuatro años como algunos piensan. Exige también lo que los anglosajones llaman un sistema de checks and balances que se equilibren y controlen entre sí de manera que se evite que el poder Ejecutivo se imponga a los otros poderes del Estado. Porque si eso sucede no se vive en democracia sino bajo un régimen autoritario donde los ciudadanos se convierten en súbditos.

Viene esto a cuento de la moda que parece haber llegado también a España de interferir desde el poder Ejecutivo en el Judicial. Empezó en Polonia y en Hungría con expulsiones y nombramientos arbitrarios de jueces, junto con limitaciones a la labor de los periodistas sin duda para que no lo contaran. Hoy ambos países son ejemplos de lo que se ha dado en llamar «democracias iliberales». Yo desconfío de estas adjetivaciones porque también aquí quisieron dárnosla con queso con aquello de la «democracia orgánica» que no era democracia.

En los EE UU Donald Trump quiere acelerar los trámites para nombrar al Tribunal Supremo (TS) a la juez Amy Coney Barrett, de impecables credenciales como jurista pero muy conservadora a juicio de muchos. Trump está en su derecho porque el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg ha dejado un hueco en el alto tribunal y es competencia presidencial proponer al sucesor. Lo que pasa es que sufren la ética y la estética porque apenas faltan quince días para las elecciones y los Republicanos, que ahora tienen muchas prisas, se opusieron a que Obama nombrara a un juez cuando aún faltaban seis meses para la cita electoral. Cuando Trump lo logre dejará una impronta muy duradera porque durante su mandato habrá nombrado a tres jueces muy conservadores (Gorsuch, Kavanaugh y Barrett) que dejarán la composición del TS en seis conservadores y tres progresistas, que dada su juventud y su carácter vitalicio tendrán una enorme influencia en la vida norteamericana de las próximas décadas en cuestiones tan importantes como la lucha contra el cambio climático o la discriminación y segregación racial, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho al aborto la reforma sanitaria de Obama. Los Demócratas tienen derecho a estar muy preocupados aunque lo que Trump hace sea feo pero no ilegal. Más discutible sería la amenaza Demócrata de aumentar el número de jueces para equilibrar las cosas si ellos ganan el 3 de noviembre.

Lo intentó en 1937 Franklin Delano Roosevelt cuando el TS (de mayoría conservadora) le ponía pegas a su New Deal. Roosevelt amenazó entonces con promover una legislación que le permitiera nombrar jueces adicionales. Se encontró con una oposición universal (incluso de su propio partido) y tuvo el buen sentido de echar marcha atrás. Cuando ganó su inusual tercer mandato presidencial en 1940 pudo renovar el Tribunal sustituyendo con jueces progresistas las bajas naturales que se habían producido. Dentro de la ley.

En cambio, cuando en 1946 Juan Domingo Perón se encontró con una Corte Suprema hostil a su política, arremetió y destituyó a los jueces que no le gustaban. Nadie se opuso, no encontró resistencia y se abrió así pasó al desmantelamiento del Estado de Derecho en favor de los intereses presidenciales que desde entonces nombraron y a destituyeron jueces a su antojo. La República Argentina fue la gran perdedora. Y lo mismo hace actualmente Maduro en Venezuela. No son casos únicos pero tampoco modelos a imitar.

Y por fin llegamos a España donde están ocurriendo cosas inquietantes como el poco estético nombramiento de la ex ministra de Justicia como Fiscal General del Estado, y la intención del Gobierno de acabar con el impresentable bloqueo del Consejo General del Poder Judicial por parte del Partido Popular, que no quiere perder la cuota de poder que ahora tiene en su seno, con la también impresentable decisión de rebajar la mayoría requerida para la elección parlamentaria de doce vocales jueces, así como de limitar sus competencias al finalizar su mandato legal. En mi opinión es un grave error que menoscabará la independencia de la Justicia, ya tocada por muchos problemas, y la politizará al gusto del gobierno de turno. Si la Constitución estableció una mayoría de 3/5 y un mandato de cinco años fue precisamente para garantizar que el CGPJ y que no coincidiera en el tiempo ni dependiera del albur del gobierno de turno.

El asunto ha llegado a Bruselas porque Polonia, que algún parecido habrá visto con lo que ella hace, ha preguntado si también a España se le va a abrir un expediente. El tema puede ser muy grave porque el Parlamento quiere vincular las ayudas del Covid-19 con el respeto de los derechos y libertades individuales y de la misma democracia. Y la Association Européenne de Magistrats ha hecho saber su preocupación diciendo que lo que se trama «aumentará el riesgo de influencia política indebida en el nombramiento de los miembros del Consejo y en el sistema judicial en su conjunto, dañando la percepción de la sociedad sobre una Independencia judicial efectiva». Amén.

Cuando uno no cumple, la solución no pasa por cambiar las reglas de juego en mitad del partido. Los ingleses, que de democracia saben más que nosotros, desaconsejan cambiar leyes bajo la presión de problemas puntuales. La democracia tiene estos inconvenientes porque exige paciencia, persuasión y negociación, pero nunca imposición porque los que imponen no son demócratas sino tiranos. Señor Sánchez: de marcha atrás y negocie con el PP, por difícil que se lo ponga, porque la alternativa que usted propone es mucho peor para España.

Compartir el artículo

stats